Por: Samantha Vasco Viteri, Ingeniería en Biotecnología, Universidad Regional Amazónica Ikiam
Voluntaria para el agro
Con 50.640 casos confirmados a la presente fecha (Ministerio de Salud Pública 2020),Ecuador se encuentra dentro de los 10 países más afectados por la pandemia de COVID-19 y es el tercer país con la tasa más alta de mortalidad del continente americano. A pesar de estar liderando las listas, el mayor impacto que ha provocado elCOVID-19 en el país es la exposición de un problema estructural y el incremento de la desigualdad y la discriminación. El gobierno ecuatoriano ha implementado políticas públicas para evitar la propagación del virus; sin embargo, éstas se encuentran enfocadas en las condiciones de vida urbanas, generan consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios y no han cesado de profundizar la inequidad del sector agrícola y rural.
Para las organizaciones campesinas la ausencia del Estado en sus territorios no es una novedad. Sostienen que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ya que no han recibido la ayuda humanitaria suficiente o acorde a la importancia de sus actividades.En el país, el 70% de los alimentos son producidos por la agricultura familiar campesina e indígena y 8 de cada 10 alimentos consumidos son producidos aquí. No obstante, el Estado no considera la agricultura familiar como eje prioritario para la garantía de la seguridad alimentaria desde hace décadas, esto según el informe “De quienes nos alimentan. La Pandemia y los Derechos Campesinos en Ecuador” (FIAN Ecuador, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio del Cambio Rural, Tierra y Vida, FIAN Internacional, 2020).
Desde la aparición y expansión global del virus, el sector agrícola se vio afectado por las fluctuaciones del mercado internacional, sobre todo las de producción de banano, cacao, camarón, pitahaya, entre otros. Así, la crisis de liquidez también se vio reflejada en los pequeños productores y en los campesinos que experimentaron despidos masivos o en aquellos que siguen trabajando sin que les provea condiciones mínimas de bioseguridad. Para contrarrestar esto, se crearon políticas públicas laborales, sanitarias, educativas y económicas. Sin embargo, ninguna de estas políticas ha mejorado la vida de los sectores rurales ni las economías campesinas.
En base al informe mencionado, la salud pública ha pasado de ser deficiente a desaparecer; también existe una crisis ambiental debido a varios derrames petroleros suscitados en el marco de la pandemia, por lo que no cuentan con agua potable; hay crisis educativa, debido al escaso acceso a internet en áreas rurales y a la dificultad de que los padres se involucren en un proceso de enseñanza-aprendizaje carente de pertinencia cultural y durante sus labores agrícolas. En adición, el bono de contingencia no llega a los sectores más desprotegidos y los kits de alimentos contienen víveres poco nutritivos y son culturalmente inadecuados con respecto a la cosmovisión indígena, cuyas prácticas alimenticias tienen estrecha vinculación con su identidad cultural. Además, los grandes sitios de abasto permanecen abiertos, mientras que las ferias campesinas y mercados agrícolas se encuentran cerrados y se dandecomisos de productos y medios de transporte. Es por esto, que las comunidades han adoptado medidas de autoprotección y cuidado, cerrando caminos de ingreso con cadenas, madera y material pétreo.
Los líderes indígenas han elaborado protocolos de bioseguridad adaptando las medidas al idioma y a las realidades de cada territorio. Se han establecido mecanismos de información y acción frente al tema de salud y bioseguridad comunal, se han desempolvado recetas medicinales permitiendo la revalorización de saberes ancestrales, tanto en el uso de medicina como en la educación de los niños, lo que les permite producir sus propios desinfectantes y mascarillas. La solidaridad campesina ha sido una de las constantes en esta crisis, se reactivó el intercambio por trueque o las donaciones para la elaboración de canastas para las familias comuneras más necesitadas. Una de las cosas que más destacan es que frente a la pandemia y la crisis que ha desatado el COVID-19, las organizaciones del campo continúan gestionando su vida en la ruralidad sin el apoyo estatal y la producción de alimentos no ha parado.
Por ello es esencial continuar exigiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, recordándoles que es “inaceptable que se utilicen eventos como la crisis sanitaria para justificar políticas de precarización laboral y recortes, medidas que estaban planificadas desde mucho antes”; también se necesita que se declaren las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, que requieren de atención prioritaria y respaldo especial del Estado. Es necesario dar prioridad a la abolición de la vulneración del derecho a la salud de las familias campesinas, montubias, indígenas y afro en la ruralidad ecuatoriana.
Finalmente, la crisis muestra la oportunidad de construir un gran consenso social que permita refundar el tipo de sociedad en la que queremos vivir en un mundo post-COVID-19. Un modelo que garantice la justicia social y ecológica, basado en el cumplimiento de los derechos humanos y del medio ambiente.
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